GUATEMALA NO QUIERE ENFRENTAR A EE.UU POR MUERTE DE NIÑOS MIGRANTES

Las muertes de dos menores guatemaltecos bajo custodia de la Patrulla Fronteriza causaron indignación en Estados Unidos, pero en su país natal la respuesta fue mucho más contenida, ya que el gobierno de Guatemala está concentrado en su supervivencia y teme que un enfrentamiento con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump pueda poner fin al apoyo desde ese país.

Los niños, Felipe Gómez Alonso, de 8 años, y Jakelin Caal Maquín, de 7, enfermaron y murieron en diciembre después de cruzar la frontera suroeste de Estados Unidos con sus padres (en viajes diferentes), y de que los detuviera la Patrulla Fronteriza.

Sus muertes suscitaron indignación en Estados Unidos debido a las condiciones que los migrantes, en particular los niños, deben soportar bajo custodia de la agencia fronteriza. En respuesta, el gobierno de Trump se puso a la defensiva; el presidente de Estados Unidos insiste en que el congreso debe aprobar 5000 millones de dólares para la construcción de un muro que afirma que impedirá la inmigración ilegal.

Sin embargo, la respuesta del gobierno guatemalteco ha sido cauta. Salvo por el envío de notas diplomáticas al Departamento de Estado estadounidense para solicitar que se investigue la muerte de ambos menores y el ofrecimiento de pagar la repatriación de sus restos a Guatemala, el gobierno ha evitado referirse al tema. No ha habido ninguna protesta formal en contra de la mano dura de Estados Unidos hacia los migrantes ni condena por las dificultades enfrentan incluso los niños en los centros de detención.

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, no ha hecho ninguna declaración pública y ha dejado que sea su ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, quien informe sobre los avances en las averiguaciones de la causa de la muerte de los menores y sobre el traslado de sus cuerpos a su país natal.

“El Gobierno de Guatemala lamenta que una connacional haya perdido la vida en este trayecto y hace ver que lamentablemente los lugares por donde ingresan ahora los migrantes son más peligrosos y las distancias que recorren son mayores”, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores al anunciar la muerte de Jakelin.

Según los analistas, la renuencia del gobierno se debe a la combinación de un cuidadoso cálculo político previo a las elecciones presidenciales de julio próximo, y a la discriminación que ha prevalecido en Guatemala durante siglos contra las comunidades indígenas mayas en las que nacieron ambos niños.

Morales ha cultivado relaciones con el gobierno de Trump y sus aliados para asegurar su apoyo en la lucha que ha emprendido contra un pánel internacional anticorrupción que lo acusa de violaciones a las reglas de financiamiento de campaña y que presentó cargos en contra de una amplia gama de intermediarios del poder político y económico en Guatemala.

Jakelin, que murió en un hospital en El Paso unos días después de cumplir 7 años, fue sepultada el 25 de diciembre en su pueblo. CreditJohan Ordonez/Agence France-Presse — Getty Images

Sus esfuerzos han tenido éxito de manera general, y Estados Unidos ha guardado silencio ante los desafíos de Morales a las sentencias del máximo tribunal de Guatemala y la expulsión del país de miembros del pánel, incluido su director.

Esta es una marcada ruptura con la costumbre: durante años, Estados Unidos apoyó de manera resuelta a la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, el pánel respaldado por las Naciones Unidas conocido por su sigla como la Cicig, que ha estado trabajando junto con los fiscales guatemaltecos para investigar casos de corrupción desde 2007. Los estadounidenses veían en sus esfuerzos una forma de combatir la corrupción que ha obstaculizado el desarrollo político y económico de Guatemala y, que en parte, propicia la migración de sus ciudadanos.

Sin embargo, el gobierno de Trump ha seguido apoyando a Morales aun cuando sus acciones para cerrar la Cicig han llevado a Guatemala al borde de una crisis constitucional. Ahora que la inmigración se ha vuelto una molestia cada vez mayor en la relación, Morales se muestra ansioso por limar las asperezas.

Cuando una caravana de miles de migrantes, en su mayoría hondureños, cruzó la frontera de Guatemala con dirección a México en octubre, el éxodo irritó al presidente Trump, quien envió mensajes a través de Twitter culpando a Guatemala y a Honduras de permitirles a los migrantes dirigirse hacia el norte, comentó Fernando Carrera, exministro de Relaciones Exteriores de Guatemala.

A pesar de las muertes de los dos niños, “el gobierno de Guatemala no quiere echarle más leña al fuego”, comentó Carrera. “Guarda silencio y no reacciona”.

No obstante, la actitud diligente del gobierno guatemalteco puede no ser suficiente para impedir el enojo de Trump, dado su enfoque monotemático en la migración. La mañana del 28 de diciembre, Trump, citando informes de una nueva caravana, repitió la amenaza de retirar la ayuda a Guatemala, Honduras y El Salvador por no impedir el paso a los migrantes.

Seguir recibiendo asistencia puede ser la menor de las preocupaciones de Morales, en comparación con seguir contando con el apoyo de Estados Unidos en sus esfuerzos por expulsar al pánel de la Cicig. Durante más de un año, Morales y su gobierno pusieron un gran empeño en hacerse de aliados en Washington: nutrieron sus lazos con grupos evangélicos y legisladores conservadores y cambiaron la embajada de Guatemala a Jerusalén poco después de que el gobierno de Trump lo hizo.

El gobierno de Morales hace todo lo posible por proteger su relación con el gobierno de Trump, comentó Quique Godoy, quien renunció el año pasado como funcionario sénior de planificación del gobierno de Morales en protesta por los ataques a la Cicig.

Los familiares de Felipe Gómez Alonso, de 8 años, en su hogar en el pueblo de Yalambojoch, GuatemalaCreditLuis Echeverría/Reuters

“Les preocupa más la Cicig que denunciar al gobierno de Estados Unidos por los malos manejos” en la forma en que trata a los migrantes, mencionó Godoy.

Carrera, el exministro de Relaciones Exteriores, comentó que el gobierno guatemalteco y sus aliados veían a la Cicig —que ha insistido en que se implementen controles al financiamiento de campaña— como una amenaza antes de la elección de mediados de este año.

Los resultados de las elecciones de julio determinarán el destino de la Cicig, al igual que el de Morales. No puede contender por la reelección y perderá su inmunidad contra procesos judiciales tras dejar el cargo, lo cual lo dejaría expuesto a la investigación respaldada por la Cicig sobre financiamiento ilícito de campaña. El hijo y el hermano del presidente también están en la mira del pánel.

La respuesta del gobierno guatemalteco a las muertes de los menores migrantes ha estado orientada por un programa de protección consular que el Ministerio de Relaciones Exteriores implementó desde hace varios años para proveer apoyo a los migrantes. El programa incluye asistencia legal y, cuando hay decesos, la repatriación de los cuerpos, manifestó Carrera.

Marta Larra, vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, comentó que Jovel, la titular de ese ministerio, había hablado frecuentemente con la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, en meses recientes para enfatizar la importancia de proteger a los niños migrantes.

Las muertes de los niños también subrayan los profundos fracasos de varios gobiernos guatemaltecos al mejorar las condiciones de los más pobres del país, en especial los indígenas mayas, que conforman al menos el 40 por ciento de la población.

Jakelin, quien murió en un hospital de El Paso unos días después de cumplir 7 años, fue enterrada el 25 de diciembre en su pequeño poblado natal, un conjunto de casas de techos de paja donde familias que hablan kekchí luchan para sobrevivir con el cultivo de maíz y frijol.

Felipe, quien murió el 24 de diciembre en un hospital de Nuevo México, había dejado su aislado poblado de habla chuj acompañado de su padre. Este poblado se encuentra cerca de la frontera con México, en la provincia de Huehuetenango, la cual envía más migrantes a Estados Unidos que ninguna otra en Guatemala. Cuatro de cada cinco personas en esta municipalidad rural viven en la pobreza, según muestran las estadísticas oficiales.

Catarina Gómez Lucas, hermana de Felipe, con su foto CreditJohan Ordonez/Agence France-Presse — Getty Images

“Tenemos una sociedad que practica un apartheid de facto”, comentó Anita Isaacs, académica especializada en Guatemala de Haverford College. “Este país sigue siendo casi tan racista como lo ha sido a lo largo de su historia”.

El resultado es que la muerte de un niño indígena pasa casi inadvertida, comenta la académica: “Esas vidas valen menos, y esas personas son básicamente invisibles”.

Aunado a la indiferencia, explica Isaacs, hay un interés en desarrollar las regiones donde viven los pueblos indígenas. Las plantaciones para obtener aceite de palma han comenzado a invadir tierras de los indígenas kekchí al norte del poblado donde vive la familia de Jakelin.

Históricamente, estas comunidades han sido despojadas de sus tierras para dar cabida a cultivos redituables como azúcar o café, manifiesta Isaacs.

“¿Qué mejor forma de desalojo que dejarlos abandonar el país por completo?”, preguntó la académica. “Esa es una razón importante por la cual al gobierno de Guatemala no le importan”.

El dinero que envían de vuelta los migrantes guatemaltecos, que ayuda a mantener comunidades en gran medida olvidadas por los servicios gubernamentales, también es un recurso importante. Las remesas enviadas por los guatemaltecos que trabajan en el extranjero representaron el 11 por ciento del ingreso nacional de Guatemala en 2017 y fueron la segunda fuente más importante de divisas en la economía, según el Fondo Monetario Internacional.

Es probable que esta contribución aumente en vista de que la cantidad de guatemaltecos que buscan llegar a Estados Unidos sigue incrementando, lo cual es resultado, explica Isaacs, de “una tormenta perfecta” de pobreza, violencia y crisis ambientales.

En una región con poca inversión en infraestructura, educación o servicios médicos, como las áreas remotas de la frontera entre Guatemala y México de donde provenían estos dos niños, las dificultades temporales —como la marcada caída en el precio del café y el azúcar del año pasado— pueden constituir el empujón final que necesita la gente que piensa emigrar, comentó Godoy, quien ahora es director de Propuesta Urbana, una organización dedicada al desarrollo urbano y la migración.

“La principal razón por la que la gente sigue emigrando es porque no estamos generando las condiciones adecuadas localmente para que dejen de hacerlo”, concluyó Godoy.

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