PARTICIPA EL GOBIERNO DE BC EN EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

  •    Los tres órdenes de gobierno y organismos no gubernamentales y académicos participan con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

El Gobierno del Estado participa en diez acciones focalizadas para dar seguimiento y fortalecer el Sistema Penal Acusatorio que ya se aplica en todo México, informó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, instancia del Ejecutivo Federal como enlace con los demás órdenes de gobierno y la sociedad.

 Estas acciones se aplican desde el 15 de octubre del año anterior y también son fortalecidas con la presencia de los poderes Legislativo y el Judicial federales y en ese sentido establecer mecánicas de trabajo conjuntas e interinstitucionales entre autoridades y sociedad en general.

 Las diez acciones previstas para consolidar el Sistema Penal Acusatorio están dirigidas de la siguiente manera:

 1.  Mejorar el formato de Informe Policial Homologado. La policía es el primer contacto del ciudadano con la justicia. Su actuación como primer respondiente queda plasmada en un informe policial donde refleja todo lo que vio y realizó en el lugar de los hechos.

 2.  Consolidar las Unidades de Atención Temprana y los Órganos Especializados de MASC (Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias) de las procuradurías y fiscalías del país.- Se mejorarán y fortalecerán las Unidades de Atención Temprana y los Órganos Especializados de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, conocidos comúnmente como “Centros de Justicia Alternativa”, para que trabajen de la misma manera en todo el país y cuenten con personal certificado para hacer posible que los problemas se resuelvan lo antes posible a través de la mediación,  sin que las partes lleguen a juicio y se realice la pronta reparación del daño a la víctima.

Los Agentes del Ministerio Público Orientadores de las Unidades de Atención Temprana recibirán capacitación especializada para  asesorar y/o canalizar a la ciudadanía y, en su caso, determinar la conclusión temprana del asunto.

 3. Establecer el Modelo Homologado Nacional de Policía en funciones de Seguridad Procesal.- Se establecieron reglas de actuación para la Policía Procesal, la cual es la encargada de la custodia y protección del probable responsable y la evidencia, así como, de la seguridad en las salas de audiencia de juicio oral. El estado destinará recursos federales para la capacitación y equipamiento de esta nueva unidad policial.

 4. Implementar un Modelo Homologado de Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso.- Para evitar el uso indiscriminado de la prisión preventiva, se desarrollaron una serie de lineamientos para que las Unidades Estatales de Medidas Cautelares actúen de igual manera en todo el país,  a fin de que los jueces cuenten con información veraz y confiable que les permita determinar si una persona imputada de un delito puede seguir el proceso penal en libertad, sujeta a alguna medida cautelar o si, por el contrario, quedará en prisión preventiva. De igual manera, se destinarán recursos federales para la capacitación, infraestructura y equipamiento de estas unidades.

 5. Instrumentar el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes mediante las acciones coordinadas del Grupo de Trabajo Interinstitucional.- Como resultado de la promulgación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en junio del 2016 y por instrucción del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se instaló un Grupo de Trabajo Interinstitucional formado por diversas dependencias federales, con el objetivo de desarrollar la estrategia de implementación conjunta en la materia. Dentro de las acciones planteadas, se impulsará la armonización normativa en todo el país. Para tal efecto, se generarán protocolos de actuación y capacitación especializada para policías, peritos y agentes del ministerio público que  tengan participación en caso de conflicto de adolescentes con la ley penal.

 6. Promover el Modelo de Justicia Terapéutica a que se refiere la Ley Nacional de  Ejecución Penal.- Se identifica que existen una gran cantidad de delitos relacionados con consumo de drogas. Por lo cual se determinó contar e impulsar un modelo que permita a las personas que han cometido ciertos delitos por primera ocasión, someterse a una rehabilitación en lugar de ir a la cárcel. Se impulsará la creación de un modelo nacional que pueda operar en todas las Entidades Federativas.

 7. Fortalecer en las entidades federativas la figura de los asesores jurídicos de víctimas.- Una de las ventajas principales del Sistema de Justicia Penal, es la protección integral a la víctima. En este sentido, se ha trabajado coordinadamente con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para impulsar la figura de los asesores jurídicos, mediante la capacitación y el equipamiento necesarios.

 8. Impulsar el Programa de Actualización y Profesionalización en materia del Sistema de Justicia Penal para Policías, Peritos, Agentes del Ministerio Público, Facilitadores y personal del Sistema Penitenciario.- Cada una de las autoridades que participan en el sistema de justicia penal tiene un rol más participativo y con mayor contacto con la ciudadanía, por tal motivo se impulsará un importante programa de actualización y profesionalización a policías, peritos, agentes del ministerio público, facilitadores y personal del Sistema Penitenciario.

 9. Operar un sistema de bases de datos e indicadores que permita evaluar el desempeño de los operadores de las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia y sistema penitenciario en el Sistema de Justicia Penal para detectar brechas y estandarizar la operación..- No podemos mejorar lo que no podemos medir. Por lo que vamos a recabar datos e información sobre cómo trabajan los operadores del sistema de justicia penal y los resultados que da su actuación a fin de realizar las mejoras que se requieran.

 10. Impulsar un programa de gestión y reorganización institucional que permita dar cumplimiento al cierre del sistema tradicional de justicia y a los acuerdos y acciones de consolidación del Sistema de Justicia Penal.- Facilitar a las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia herramientas para que se  utilicen de manera eficiente los recursos materiales y que con el mismo personal que cuentan, generen mejores resultados.